Colombia: el fallo de la Haya y la ausencia de una política fronteriza como política de Estado

Colombia: el fallo de la Haya y la ausencia de una política fronteriza como política de Estado

Mucho se discutió sobre San Andrés tras el fallo de la Haya. Miles de colombianos, indignados, pidieron desconocer el fallo proferido por el tribunal internacional. Hubo múltiples quejas por la pérdida de la soberanía colombiana en aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial. Hoy, un poco más de ocho meses después del fallo, se sigue discutiendo sobre la disputa colombiana con Nicaragua, la pretensión de explotación petrolera por parte de Nicaragua en aguas de soberanía colombianas y la probable demanda de Nicaragua en torno a la expansión de su plataforma continental.

Sin embargo, pese a que mucho se discute sobre la crisis internacional, hay pocos pronunciamientos sobre el problema nacional.

Actualmente, San Andrés vive sumergido en dos contextos problemáticos y, aun cuando bien uno de ellas comprende la pérdida de mar, el otro es de carácter interno debido a la carencia de una política de Estado capaz de diagnosticar la situación fronteriza colombiana y las metas que el Estado debe asumir para combatir dicha condición.

Sería absurdo pretender argumentar que el fallo de la Haya no cambió la vida de los habitantes de San Andrés; pues con la pérdida de los 75.000 kilómetros cuadrados de mar el Estado no sólo perdió soberanía, sino también importantes recursos ecológicos y económicos. Para los sanandresanos se perdió el derecho a la pesca en importantes extensiones marítimas y, además, se complicó el derecho de defender la no exploración petrolífera en importantes zonas de reserva marítima. Por consiguiente, el fallo supuso un cambio radical.

Sin embargo, el fallo actúo como un grito mudo ante los oídos del gobierno colombiano, pues muchos de los problemas internos que aquejaban al archipiélago y eran anteriores al juicio, persisten en la vida de los isleños colombianos.

Colombia se ha caracterizado por ser un país con un centralismo mal manejado, pues el concepto de centralismo no debería implicar el descuido regional y fronterizo. Sin embargo, en Colombia, la ausencia de una política fronteriza es una política de Estado.

No es sino preguntarse por qué se dio la pérdida de Panamá en 1903.  No es sino preguntarse en dónde están los lugares de Colombia en donde están los más altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBIs, o preguntarse dónde están los más altos índices de desempleo, falta de oportunidades, falta de acceso a la educación, servicios públicos y juzgados. Porque la respuesta siempre es la misma: las fronteras del territorio colombiano, y San Andrés, como frontera insular, no es la excepción.

Como expuse anteriormente, San Andrés padece de un problema de carácter interno y ese problema se debe al permanente descuido del Estado.

Tras la pérdida de Panamá el Estado colombiano se preocupó por concretar la nacionalización colombiana de los isleños raizales y, por lo tanto, impuso el castellano como prioritario al creole y permitió un mestizaje entre habitantes de la colombiana continental con los raizales, sin la consideración de la preservación cultural de los últimos. Sin embargo, tan pronto fue concretado el “objetivo homogeneizador”, las peticiones de los isleños, ya una raza mestiza, volvieron a ser ignoradas.

Tras la política gubernamental de homogeneización y antes del fallo emitido por la Corte de la Haya, San Andrés sufría de un evidente abandono por parte del Estado. El sistema de salud era insuficiente y había una mala disposición de basuras y residuos hospitalarios. El sistema educativo era deficiente, había falta de tecnología y pocos niños accedían a educación secundaria y aún menos a educación superior. El patrimonio arquitectónico y cultural de las islas estaba deteriorado. Además, por si no fuera poco, gran parte del empleo que se le prometió a los raizales como consecuencia del desarrollo turístico, fue otorgado a colombianos que residían dentro del territorio continental colombiano.

Tras la sentencia de la Haya, la situación no ha mejorado. Las políticas gubernamentales implementadas por Santos luego del conocimiento del fallo consistieron en la protección militar de la frontera insular, en especial a los botes de pesca nacionales; y el otorgamiento de subsidios por concepto de 1.800.000 pesos y por una duración de seis meses, a los pesqueros colombianos.

Jorge Méndez, miembro de la Asamblea Departamental de las islas, criticó fuertemente las políticas del gobierno colombiano. Pues, como bien planteó en un foro sobre la situación de San Andrés en la Universidad del Rosario, es ridículo que las políticas gubernamentales consistan en hechos como el regalar tabletas a los niños sanandresanos cuando la conexión a internet en el departamento insular es insuficiente, sino inexistente.

Aun cuando es cierto que el gobierno de Juan Manuel Santos bosquejó un plan de desarrollo denominado Plan Archipiélago, dicho plan apenas empieza a ser implementado. Y, de acuerdo con la tradición colombiana de la ausencia de una política fronteriza como política de Estado, lo más probable es que el Plan Archipiélago no pasé de ser una política gubernamental. Una política para un “mientras tanto”. Por el contrario, es probable que cada gobierno siga dando subsidios a los habitantes del archipiélago, sin considerar una política integral de desarrollo económico, social, turístico, ambiental e industrial.

En conclusión, Colombia no puede seguir viviendo a través de políticas gubernamentales, de políticas para “mientras tanto”. Colombia necesita empezar a construir una política fronteriza integral para así solucionar los problemas internos que aquejan a las fronteras y, de esa forma, unir y cobijar bajo el centralismo, a todo el territorio colombiano.