El segundo acuerdo de la Habana: la ponderación
de la paz sobre la justicia
El segundo acuerdo al que se desea llegar en la
Habana, conduce a un inevitable debate en el que se ponderan la justicia y la
paz.
La plausible participación política de las
FARC, uno de los principales grupos victimarios causantes de cinco décadas de conflicto
armado con un resultado de 218.000 muertos, 83% de ellos civiles, y 5.6
millones de víctimas, parece inicialmente inexplicable. La participación política
parece ser una recompensa al daño infligido al pueblo colombiano, un disparo
contra la justicia y un abrazo a la impunidad.
Sin embargo, la participación política de los
grupos armados es también una condición necesaria para llegar a la paz. Puesto
que es ella un punto indispensable del temario de negociación para quienes,
hace décadas y antes de tomar rifles en mano, lucharon pacífica e
infructuosamente por su inclusión en el
espectro político colombiano.
Luego, el segundo acuerdo de negociación en la
Habana, que se resume a la participación política de las FARC, representa la paradoja
entre justicia y paz.
Si se consideran los extremos, la paradoja es
clara. En un extremo, quienes velan por el cumplimiento de una justicia penal
llevada a cabalidad, no conciben la más mínima posibilidad de amnistía. Para ellos,
a pesar de la ineficiencia que se evidencio en la desmovilización de los
paramilitares bajo la Ley de Justicia y Paz, la mayoría, sino todos los
criminales deben ser conducidos a juicio penal.
En el extremo opuesto, quienes velan por la consecución
de una paz a través de la verdad y de la reparación simbólica, no conciben una
justicia transicional sin indultos, pues para ellos el perdón es la base que guía
el camino hacia el futuro.
No obstante, como en todo caso en donde los
matices priman sobre lo absoluto, la mayoría de los colombianos se encuentran
ubicados en un punto intermedio. Pues bien, cabe preguntarse cuál podría ser el
punto intermedio que condujera al balance entre justicia y paz.
La respuesta es que tal punto es inalcanzable. Y
como en todo caso en donde la balanza no puede estar equilibrada, es
indispensable ponderar la validez de los conceptos de justicia y paz.
Pues bien, si bien la justicia es indispensable
y necesaria para el perdón, en tanto que es inconcebible que victimarios sean
premiados por sus atroces actos, también es cierto que no puede ser una
justicia penal total. Soy de las que pienso que es necesaria una justicia
transicional en la que estén presentes el indulto y la amnistía, sin por esto
hablar de impunidad, para llegar al derecho tan anhelado por los 47 millones de
colombianos: la obtención de la paz.
Por consiguiente, soy de las que pienso que es
necesario el establecimiento de un acuerdo antes que una ley. Es necesaria una
negociación política que, aunque como toda negociación no completamente
satisfactoria, conduzca a Colombia al inicio del camino de la paz.