lunes, 29 de julio de 2013

El segundo acuerdo de la Habana: la ponderación de la paz sobre la justicia

El segundo acuerdo de la Habana: la ponderación de la paz sobre la justicia
El segundo acuerdo al que se desea llegar en la Habana, conduce a un inevitable debate en el que se ponderan la justicia y la paz.
La plausible participación política de las FARC, uno de los principales grupos victimarios causantes de cinco décadas de conflicto armado con un resultado de 218.000 muertos, 83% de ellos civiles, y 5.6 millones de víctimas, parece inicialmente inexplicable. La participación política parece ser una recompensa al daño infligido al pueblo colombiano, un disparo contra la justicia y un abrazo a la impunidad.
Sin embargo, la participación política de los grupos armados es también una condición necesaria para llegar a la paz. Puesto que es ella un punto indispensable del temario de negociación para quienes, hace décadas y antes de tomar rifles en mano, lucharon pacífica e infructuosamente por  su inclusión en el espectro político colombiano.
Luego, el segundo acuerdo de negociación en la Habana, que se resume a la participación política de las FARC, representa la paradoja entre justicia y paz.
Si se consideran los extremos, la paradoja es clara. En un extremo, quienes velan por el cumplimiento de una justicia penal llevada a cabalidad, no conciben la más mínima posibilidad de amnistía. Para ellos, a pesar de la ineficiencia que se evidencio en la desmovilización de los paramilitares bajo la Ley de Justicia y Paz, la mayoría, sino todos los criminales deben ser conducidos a juicio penal.
En el extremo opuesto, quienes velan por la consecución de una paz a través de  la verdad y de  la reparación simbólica, no conciben una justicia transicional sin indultos, pues para ellos el perdón es la base que guía el camino hacia el futuro.
No obstante, como en todo caso en donde los matices priman sobre lo absoluto, la mayoría de los colombianos se encuentran ubicados en un punto intermedio. Pues bien, cabe preguntarse cuál podría ser el punto intermedio que condujera al balance entre justicia y paz.
La respuesta es que tal punto es inalcanzable. Y como en todo caso en donde la balanza no puede estar equilibrada, es indispensable ponderar la validez de los conceptos de justicia y paz.
Pues bien, si bien la justicia es indispensable y necesaria para el perdón, en tanto que es inconcebible que victimarios sean premiados por sus atroces actos, también es cierto que no puede ser una justicia penal total. Soy de las que pienso que es necesaria una justicia transicional en la que estén presentes el indulto y la amnistía, sin por esto hablar de impunidad, para llegar al derecho tan anhelado por los 47 millones de colombianos: la obtención de la paz.

Por consiguiente, soy de las que pienso que es necesario el establecimiento de un acuerdo antes que una ley. Es necesaria una negociación política que, aunque como toda negociación no completamente satisfactoria, conduzca a Colombia al inicio del camino de la paz. 

domingo, 21 de julio de 2013

Los paros en Colombia: protestas para asegurar medios de subsistencia

En los sucesivos paros del gobierno de Juan Manuel Santos, tanto campesinos, agricultores, cafeteros y mineros solicitan los medios necesarios para asegurar su subsistencia.  
Tras el reiterado fracaso del gobierno por lograr una solución al conflicto en el Catatumbo, y los sucesivos anuncios de paros por parte del sector agrícola, el cafetero y el minero, el gobierno colombiano ha decidido implementar un drástico cambio en su estrategia.
Desde el 16 de Julio, Santos decidió tomar una posición fuerte en contra de las protestas y afirmó que no va a permitir bloqueos ni que los manifestantes impongan condiciones a la fuerza. Dictaminó que las protestas, además de ser promovidas por grupos armados ilegales e integrantes de la oposición legal de la izquierda, están siendo llevadas a cabo por vías de hecho. Y reafirmó que el gobierno debe velar por la seguridad del pueblo colombiano y, por consiguiente, no debe ceder ante las peticiones realizadas en dicho tipo de protestas.
Pues bien, si bien es cierto que  las protestas deben tener límites y no deben afectar a terceros; y si bien es cierto que el gobierno debe velar por la seguridad ciudadana, que va más allá de quienes participan en las protestas, también es cierto que quienes protestan, independientemente de los intereses políticos y económicos que subyacen tras sus quejas, pelean por una causa justa: la adquisición de medios de subsistencia.  
El abandono estatal de las zonas fronterizas, en donde coincidencialmente se presentan los disturbios,  ha sido un denominador común de varios gobiernos colombianos. Dicho abandono llevó a la pérdida de Panamá en 1903 y dicho abandono ha suscitado diversas huelgas en Chocó, Cauca, Norte de Santander y Arauca entre otros. Los raizales de San Andrés han vivido décadas sometidos a un precario presupuesto sumado a la  inatención sobre sus quejas. Por si no es poco, los habitantes de departamentos fronterizos en los llanos orientales, el amazonas, el putumayo y el pacífico han vivido en condiciones de miseria, con altos índices de necesidades básicas insatisfechas.
En Colombia, como escuche decir a Claudia López, existen dos territorios: uno con Estado y mercado y otro carente de ambos. Pues bien, el país carente de condiciones de vida aceptables es el país que ahora se revela ante la falta de presencia del Estado colombiano. Ese otro país clama por condiciones dignas de vida que les han sido reiteradamente negadas. Clama por alternativas agrícolas distintas a la coca, por la obtención de propiedad privada, por el acceso a la salud, a la vivienda, entre otras cosas.  
Por consiguiente, más allá de que grupos armados ilegales tengan intereses detrás de las protestas, lo importante para cuestionar es qué va a hacer el Estado colombiano para garantizar la presencia y atención estatal en dichas zonas que, a pesar de hacer parte del territorio colombiano, viven en condiciones de absoluta pobreza.
No es correcto estigmatizar las protestas por lo intereses que se ocultan detrás de ellas. Lo importante es encontrar una solución. Es indispensable darle respuesta a ese otro territorio dentro de Colombia e incluir a ese territorio, por tantos años rezagado, como parte del Estado colombiano.


sábado, 20 de julio de 2013

Porque opinar es tomar un riesgo

Decidí arriesgarme a crear un blog. Muchos podrán pensar que el riesgo es mínimo. Pero en este momento, en esta época en la que vivimos, opinar es tomar un riesgo.
Una opinión es la exposición de un pensamiento. En el caso de un blog, la presentación escrita de un pensamiento. La opinión consiste en deshacerse del disfraz y permite a otros conocer los pensamientos propios. Por consiguiente, la opinión queda sujeta al juicio y a la interpretación.  
La opinión conduce a la cercanía con los otros y, a la vez, a la exposición al juicio ajeno. Otros pueden pensar que con leer lo escrito, conocen al autor. Sin embargo, la opinión, al igual que su razón de ser, cambia. La vida, las experiencias, los momentos vividos cambian la percepción del autor y, con ello, su opinión.

           Inicio mi blog con la reiteración de la transformación de la opinión, para que quienes me lean, si algún día lo hacen, comprendan que la intención de este blog no es afiliarme a ninguna corriente ni tipo de pensamiento. La intención es, por el contrario, dar cuenta de la transformación, lenta o acelerada, de mi forma de pensar.