viernes, 23 de agosto de 2013

Caso Snowden: la privacidad y la seguridad nacional

Caso Snowden: precedente para un foro internacional entre la privacidad y la seguridad nacional
En los últimos años el argumento que sostiene que la secrecía de documentos de seguridad nacional es indispensable para el funcionamiento de la misma, ha sido rebatido por infiltraciones electrónicas realizadas por  ciertos individuos que se han convertido en importantes centros de debate dentro del sistema internacional.
El caso de Julian Assange, fundador del portal wikileaks, sentó un precedente en el sistema internacional. Por primera vez, un individuo filtró a los medios de comunicación importantes documentos de seguridad nacional de diversos Estados. Además, Bradley Manning, soldado estadounidense, se encargó de divulgar información secreta de su propio ejército al ya mencionado portal.
Edward Snowden es un ex-empleado de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, CIA, y a la vez, es un ex empleado de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, NSA. El nombre de Snowden salió a la luz pública a mediados de 2013 cuando The Guardian, un periódico londinense de gran importancia, publicó información secreta tanto del gobierno británico como del gobierno estadounidense.
En Junio de 2013 y estando en Hong Kong, Snowden concedió entrevistas en las cuales expuso, según sus propias consideraciones, el excesivo espionaje estadounidense. Fue en esa época cuando el mundo conoció la revelación de cómo grandes compañías como Apple, Google y Facebook entre otras, entregaban información a agencias gubernamentales de seguridad  e inteligencia. Además, el mundo se enteró de PRISM, el programa electrónico ultrasecreto que utilizaba y aun utiliza la NSA para monitorear e interceptar las conversaciones y los correos de ciudadanos alrededor del globo.
Snowden alegó que su divulgación de la información secreta a los medios masivos de comunicación respondía a su creencia personal en el respeto a la privacidad y a la libertad. Pues según Snowden los gobiernos no tienen derecho de interferir en la esfera privada de la vida de sus ciudadanos.
El presidente Barack Obama se pronunció públicamente ante el caso Snowden. Obama afirmó que los sistemas de recolección de información y datos  utilizados son necesarios para garantizar la seguridad de la población. A la vez, reafirmó que es necesario que los ciudadanos cedan un poco en temas como la invasión a la privacidad y a la libertad, para que el gobierno sea capaz de garantizar su seguridad. Además, altos funcionarios de Estados Unidos resolvieron que los pronunciamientos de Snowden constituyen un crimen que debe ser penalmente castigado.
Diversos jefes de Estado alrededor del mundo se pronunciaron en contra de la divulgación de información secreta, pues de acuerdo a lo que plantean, dicha divulgación repercute directamente en la seguridad nacional de cada Estado.
Ejemplo de ello se demuestra en las declaraciones del Primer Ministro británico, David Cameron,  quién alegó que la divulgación de información de inteligencia tiene graves repercusiones, por lo que ordenó al periódico The Guardian a destruir los archivos remitidos por Snowden.
Por su parte, numerosos países negaron el asilo al ex empleado de la NSA.  Pues aun cuando Snowden pidió protección a diversos países alrededor del mundo, su petición fue negada por “inconsistencias jurídicas”. Varios países objetaron  sobre la imposibilidad de usar la figura de asilo político para Snowden, pues afirmaron que el solicitante de asilo debe solicitarlo dentro del territorio del país en el que desea ser eventualmente refugiado.
Snowden salió de Hong Kong, en donde inicialmente dio las entrevistas a The Guardian, a Rusia. Una vez en Rusia pidió asilo a Ecuador, sin embargo, la petición no le ha sido concedida por las “inconsistencias jurídicas” ya mencionadas.
Mientras se soluciona su caso, Snowden se encuentra en territorio ruso. En Julio, el presidente Vladimir Putin, expresó que la estadía de Snowden en Rusia debe ser temporal, a la vez, planteó la imposibilidad de enviarlo a Estados Unidos por la probabilidad de que lo sentencien a pena de muerte y por la inexistencia de un tratado bilateral de extradición entre ambos países.
De acuerdo a los hechos mencionados, es posible observar que el caso de Edward Snowden, al igual que el caso de Julian Assange que se encuentra refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, ha sido un caso complicado de manejar en el sistema internacional.
El caso Snowden ha sido de difícil manejo debido a que sus revelaciones lo convirtieron en un importante y conocido personaje de la opinión pública global. De manera que lo que suceda con Snowden va a encaminar a numerosos debates por parte de actores de la comunidad internacional.
A la vez, el caso Snowden ha sido de difícil manejo por el debate que plantea en torno a la aparente imposibilidad de conciliar la privacidad individual y la seguridad nacional.
Para cualquier Estado es indispensable manejar información de inteligencia y seguridad privada. Pues la posesión de información secreta asegura que los actores "enemigos” o contradictores no conocen la estrategia de acción del Estado en cuestión y, por consiguiente, que no tienen ventaja. Sin embargo, la divulgación de la información secreta realizada por Snowden, y previamente por Assange, pone en descubierto los alcances que manejan los Estados para conseguir dicha información.   
Tras las revelaciones que se han hecho durante los últimos años, la opinión pública tiene conocimiento de cómo la seguridad nacional extrae información que teóricamente pertenece a la esfera privada de la vida de los ciudadanos.

El caso Snowden sienta un precedente de un debate en torno a la ponderación de la privacidad versus la seguridad nacional y dicha discusión será analizada por la comunidad internacional. Por consiguiente, la necesidad de la secrecía de los archivos de inteligencia deja de ser un lujo para los Estados y se convierte en un foro de discusión internacional.

jueves, 1 de agosto de 2013

Colombia: el fallo de la Haya y la ausencia de una política fronteriza como política de Estado

Colombia: el fallo de la Haya y la ausencia de una política fronteriza como política de Estado
Mucho se discutió sobre San Andrés tras el fallo de la Haya. Miles de colombianos, indignados, pidieron desconocer el fallo proferido por el tribunal internacional. Hubo múltiples quejas por la pérdida de la soberanía colombiana en aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial. Hoy, un poco más de ocho meses después del fallo, se sigue discutiendo sobre la disputa colombiana con Nicaragua, la pretensión de explotación petrolera por parte de Nicaragua en aguas de soberanía colombianas y la probable demanda de Nicaragua en torno a la expansión de su plataforma continental.
Sin embargo, pese a que mucho se discute sobre la crisis internacional, hay pocos pronunciamientos sobre el problema nacional.
Actualmente, San Andrés vive sumergido en dos contextos problemáticos y, aun cuando bien uno de ellas comprende la pérdida de mar, el otro es de carácter interno debido a la carencia de una política de Estado capaz de diagnosticar la situación fronteriza colombiana y las metas que el Estado debe asumir para combatir dicha condición.
Sería absurdo pretender argumentar que el fallo de la Haya no cambió la vida de los habitantes de San Andrés; pues con la pérdida de los 75.000 kilómetros cuadrados de mar el Estado no sólo perdió soberanía, sino también importantes recursos ecológicos y económicos. Para los sanandresanos se perdió el derecho a la pesca en importantes extensiones marítimas y, además, se complicó el derecho de defender la no exploración petrolífera en importantes zonas de reserva marítima. Por consiguiente, el fallo supuso un cambio radical.
Sin embargo, el fallo actúo como un grito mudo ante los oídos del gobierno colombiano, pues muchos de los problemas internos que aquejaban al archipiélago y eran anteriores al juicio, persisten en la vida de los isleños colombianos.
Colombia se ha caracterizado por ser un país con un centralismo mal manejado, pues el concepto de centralismo no debería implicar el descuido regional y fronterizo. Sin embargo, en Colombia, la ausencia de una política fronteriza es una política de Estado.
No es sino preguntarse por qué se dio la pérdida de Panamá en 1903.  No es sino preguntarse en dónde están los lugares de Colombia en donde están los más altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBIs, o preguntarse dónde están los más altos índices de desempleo, falta de oportunidades, falta de acceso a la educación, servicios públicos y juzgados. Porque la respuesta siempre es la misma: las fronteras del territorio colombiano, y San Andrés, como frontera insular, no es la excepción.
Como expuse anteriormente, San Andrés padece de un problema de carácter interno y ese problema se debe al permanente descuido del Estado.
Tras la pérdida de Panamá el Estado colombiano se preocupó por concretar la nacionalización colombiana de los isleños raizales y, por lo tanto, impuso el castellano como prioritario al creole y permitió un mestizaje entre habitantes de la colombiana continental con los raizales, sin la consideración de la preservación cultural de los últimos. Sin embargo, tan pronto fue concretado el “objetivo homogeneizador”, las peticiones de los isleños, ya una raza mestiza, volvieron a ser ignoradas.
Tras la política gubernamental de homogeneización y antes del fallo emitido por la Corte de la Haya, San Andrés sufría de un evidente abandono por parte del Estado. El sistema de salud era insuficiente y había una mala disposición de basuras y residuos hospitalarios. El sistema educativo era deficiente, había falta de tecnología y pocos niños accedían a educación secundaria y aún menos a educación superior. El patrimonio arquitectónico y cultural de las islas estaba deteriorado. Además, por si no fuera poco, gran parte del empleo que se le prometió a los raizales como consecuencia del desarrollo turístico, fue otorgado a colombianos que residían dentro del territorio continental colombiano.
Tras la sentencia de la Haya, la situación no ha mejorado. Las políticas gubernamentales implementadas por Santos luego del conocimiento del fallo consistieron en la protección militar de la frontera insular, en especial a los botes de pesca nacionales; y el otorgamiento de subsidios por concepto de 1.800.000 pesos y por una duración de seis meses, a los pesqueros colombianos.
Jorge Méndez, miembro de la Asamblea Departamental de las islas, criticó fuertemente las políticas del gobierno colombiano. Pues, como bien planteó en un foro sobre la situación de San Andrés en la Universidad del Rosario, es ridículo que las políticas gubernamentales consistan en hechos como el regalar tabletas a los niños sanandresanos cuando la conexión a internet en el departamento insular es insuficiente, sino inexistente.
Aun cuando es cierto que el gobierno de Juan Manuel Santos bosquejó un plan de desarrollo denominado Plan Archipiélago, dicho plan apenas empieza a ser implementado. Y, de acuerdo con la tradición colombiana de la ausencia de una política fronteriza como política de Estado, lo más probable es que el Plan Archipiélago no pasé de ser una política gubernamental. Una política para un “mientras tanto”. Por el contrario, es probable que cada gobierno siga dando subsidios a los habitantes del archipiélago, sin considerar una política integral de desarrollo económico, social, turístico, ambiental e industrial.

En conclusión, Colombia no puede seguir viviendo a través de políticas gubernamentales, de políticas para “mientras tanto”. Colombia necesita empezar a construir una política fronteriza integral para así solucionar los problemas internos que aquejan a las fronteras y, de esa forma, unir y cobijar bajo el centralismo, a todo el territorio colombiano. 

lunes, 29 de julio de 2013

El segundo acuerdo de la Habana: la ponderación de la paz sobre la justicia

El segundo acuerdo de la Habana: la ponderación de la paz sobre la justicia
El segundo acuerdo al que se desea llegar en la Habana, conduce a un inevitable debate en el que se ponderan la justicia y la paz.
La plausible participación política de las FARC, uno de los principales grupos victimarios causantes de cinco décadas de conflicto armado con un resultado de 218.000 muertos, 83% de ellos civiles, y 5.6 millones de víctimas, parece inicialmente inexplicable. La participación política parece ser una recompensa al daño infligido al pueblo colombiano, un disparo contra la justicia y un abrazo a la impunidad.
Sin embargo, la participación política de los grupos armados es también una condición necesaria para llegar a la paz. Puesto que es ella un punto indispensable del temario de negociación para quienes, hace décadas y antes de tomar rifles en mano, lucharon pacífica e infructuosamente por  su inclusión en el espectro político colombiano.
Luego, el segundo acuerdo de negociación en la Habana, que se resume a la participación política de las FARC, representa la paradoja entre justicia y paz.
Si se consideran los extremos, la paradoja es clara. En un extremo, quienes velan por el cumplimiento de una justicia penal llevada a cabalidad, no conciben la más mínima posibilidad de amnistía. Para ellos, a pesar de la ineficiencia que se evidencio en la desmovilización de los paramilitares bajo la Ley de Justicia y Paz, la mayoría, sino todos los criminales deben ser conducidos a juicio penal.
En el extremo opuesto, quienes velan por la consecución de una paz a través de  la verdad y de  la reparación simbólica, no conciben una justicia transicional sin indultos, pues para ellos el perdón es la base que guía el camino hacia el futuro.
No obstante, como en todo caso en donde los matices priman sobre lo absoluto, la mayoría de los colombianos se encuentran ubicados en un punto intermedio. Pues bien, cabe preguntarse cuál podría ser el punto intermedio que condujera al balance entre justicia y paz.
La respuesta es que tal punto es inalcanzable. Y como en todo caso en donde la balanza no puede estar equilibrada, es indispensable ponderar la validez de los conceptos de justicia y paz.
Pues bien, si bien la justicia es indispensable y necesaria para el perdón, en tanto que es inconcebible que victimarios sean premiados por sus atroces actos, también es cierto que no puede ser una justicia penal total. Soy de las que pienso que es necesaria una justicia transicional en la que estén presentes el indulto y la amnistía, sin por esto hablar de impunidad, para llegar al derecho tan anhelado por los 47 millones de colombianos: la obtención de la paz.

Por consiguiente, soy de las que pienso que es necesario el establecimiento de un acuerdo antes que una ley. Es necesaria una negociación política que, aunque como toda negociación no completamente satisfactoria, conduzca a Colombia al inicio del camino de la paz. 

domingo, 21 de julio de 2013

Los paros en Colombia: protestas para asegurar medios de subsistencia

En los sucesivos paros del gobierno de Juan Manuel Santos, tanto campesinos, agricultores, cafeteros y mineros solicitan los medios necesarios para asegurar su subsistencia.  
Tras el reiterado fracaso del gobierno por lograr una solución al conflicto en el Catatumbo, y los sucesivos anuncios de paros por parte del sector agrícola, el cafetero y el minero, el gobierno colombiano ha decidido implementar un drástico cambio en su estrategia.
Desde el 16 de Julio, Santos decidió tomar una posición fuerte en contra de las protestas y afirmó que no va a permitir bloqueos ni que los manifestantes impongan condiciones a la fuerza. Dictaminó que las protestas, además de ser promovidas por grupos armados ilegales e integrantes de la oposición legal de la izquierda, están siendo llevadas a cabo por vías de hecho. Y reafirmó que el gobierno debe velar por la seguridad del pueblo colombiano y, por consiguiente, no debe ceder ante las peticiones realizadas en dicho tipo de protestas.
Pues bien, si bien es cierto que  las protestas deben tener límites y no deben afectar a terceros; y si bien es cierto que el gobierno debe velar por la seguridad ciudadana, que va más allá de quienes participan en las protestas, también es cierto que quienes protestan, independientemente de los intereses políticos y económicos que subyacen tras sus quejas, pelean por una causa justa: la adquisición de medios de subsistencia.  
El abandono estatal de las zonas fronterizas, en donde coincidencialmente se presentan los disturbios,  ha sido un denominador común de varios gobiernos colombianos. Dicho abandono llevó a la pérdida de Panamá en 1903 y dicho abandono ha suscitado diversas huelgas en Chocó, Cauca, Norte de Santander y Arauca entre otros. Los raizales de San Andrés han vivido décadas sometidos a un precario presupuesto sumado a la  inatención sobre sus quejas. Por si no es poco, los habitantes de departamentos fronterizos en los llanos orientales, el amazonas, el putumayo y el pacífico han vivido en condiciones de miseria, con altos índices de necesidades básicas insatisfechas.
En Colombia, como escuche decir a Claudia López, existen dos territorios: uno con Estado y mercado y otro carente de ambos. Pues bien, el país carente de condiciones de vida aceptables es el país que ahora se revela ante la falta de presencia del Estado colombiano. Ese otro país clama por condiciones dignas de vida que les han sido reiteradamente negadas. Clama por alternativas agrícolas distintas a la coca, por la obtención de propiedad privada, por el acceso a la salud, a la vivienda, entre otras cosas.  
Por consiguiente, más allá de que grupos armados ilegales tengan intereses detrás de las protestas, lo importante para cuestionar es qué va a hacer el Estado colombiano para garantizar la presencia y atención estatal en dichas zonas que, a pesar de hacer parte del territorio colombiano, viven en condiciones de absoluta pobreza.
No es correcto estigmatizar las protestas por lo intereses que se ocultan detrás de ellas. Lo importante es encontrar una solución. Es indispensable darle respuesta a ese otro territorio dentro de Colombia e incluir a ese territorio, por tantos años rezagado, como parte del Estado colombiano.


sábado, 20 de julio de 2013

Porque opinar es tomar un riesgo

Decidí arriesgarme a crear un blog. Muchos podrán pensar que el riesgo es mínimo. Pero en este momento, en esta época en la que vivimos, opinar es tomar un riesgo.
Una opinión es la exposición de un pensamiento. En el caso de un blog, la presentación escrita de un pensamiento. La opinión consiste en deshacerse del disfraz y permite a otros conocer los pensamientos propios. Por consiguiente, la opinión queda sujeta al juicio y a la interpretación.  
La opinión conduce a la cercanía con los otros y, a la vez, a la exposición al juicio ajeno. Otros pueden pensar que con leer lo escrito, conocen al autor. Sin embargo, la opinión, al igual que su razón de ser, cambia. La vida, las experiencias, los momentos vividos cambian la percepción del autor y, con ello, su opinión.

           Inicio mi blog con la reiteración de la transformación de la opinión, para que quienes me lean, si algún día lo hacen, comprendan que la intención de este blog no es afiliarme a ninguna corriente ni tipo de pensamiento. La intención es, por el contrario, dar cuenta de la transformación, lenta o acelerada, de mi forma de pensar.