viernes, 23 de agosto de 2013

Caso Snowden: la privacidad y la seguridad nacional

Caso Snowden: precedente para un foro internacional entre la privacidad y la seguridad nacional
En los últimos años el argumento que sostiene que la secrecía de documentos de seguridad nacional es indispensable para el funcionamiento de la misma, ha sido rebatido por infiltraciones electrónicas realizadas por  ciertos individuos que se han convertido en importantes centros de debate dentro del sistema internacional.
El caso de Julian Assange, fundador del portal wikileaks, sentó un precedente en el sistema internacional. Por primera vez, un individuo filtró a los medios de comunicación importantes documentos de seguridad nacional de diversos Estados. Además, Bradley Manning, soldado estadounidense, se encargó de divulgar información secreta de su propio ejército al ya mencionado portal.
Edward Snowden es un ex-empleado de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, CIA, y a la vez, es un ex empleado de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, NSA. El nombre de Snowden salió a la luz pública a mediados de 2013 cuando The Guardian, un periódico londinense de gran importancia, publicó información secreta tanto del gobierno británico como del gobierno estadounidense.
En Junio de 2013 y estando en Hong Kong, Snowden concedió entrevistas en las cuales expuso, según sus propias consideraciones, el excesivo espionaje estadounidense. Fue en esa época cuando el mundo conoció la revelación de cómo grandes compañías como Apple, Google y Facebook entre otras, entregaban información a agencias gubernamentales de seguridad  e inteligencia. Además, el mundo se enteró de PRISM, el programa electrónico ultrasecreto que utilizaba y aun utiliza la NSA para monitorear e interceptar las conversaciones y los correos de ciudadanos alrededor del globo.
Snowden alegó que su divulgación de la información secreta a los medios masivos de comunicación respondía a su creencia personal en el respeto a la privacidad y a la libertad. Pues según Snowden los gobiernos no tienen derecho de interferir en la esfera privada de la vida de sus ciudadanos.
El presidente Barack Obama se pronunció públicamente ante el caso Snowden. Obama afirmó que los sistemas de recolección de información y datos  utilizados son necesarios para garantizar la seguridad de la población. A la vez, reafirmó que es necesario que los ciudadanos cedan un poco en temas como la invasión a la privacidad y a la libertad, para que el gobierno sea capaz de garantizar su seguridad. Además, altos funcionarios de Estados Unidos resolvieron que los pronunciamientos de Snowden constituyen un crimen que debe ser penalmente castigado.
Diversos jefes de Estado alrededor del mundo se pronunciaron en contra de la divulgación de información secreta, pues de acuerdo a lo que plantean, dicha divulgación repercute directamente en la seguridad nacional de cada Estado.
Ejemplo de ello se demuestra en las declaraciones del Primer Ministro británico, David Cameron,  quién alegó que la divulgación de información de inteligencia tiene graves repercusiones, por lo que ordenó al periódico The Guardian a destruir los archivos remitidos por Snowden.
Por su parte, numerosos países negaron el asilo al ex empleado de la NSA.  Pues aun cuando Snowden pidió protección a diversos países alrededor del mundo, su petición fue negada por “inconsistencias jurídicas”. Varios países objetaron  sobre la imposibilidad de usar la figura de asilo político para Snowden, pues afirmaron que el solicitante de asilo debe solicitarlo dentro del territorio del país en el que desea ser eventualmente refugiado.
Snowden salió de Hong Kong, en donde inicialmente dio las entrevistas a The Guardian, a Rusia. Una vez en Rusia pidió asilo a Ecuador, sin embargo, la petición no le ha sido concedida por las “inconsistencias jurídicas” ya mencionadas.
Mientras se soluciona su caso, Snowden se encuentra en territorio ruso. En Julio, el presidente Vladimir Putin, expresó que la estadía de Snowden en Rusia debe ser temporal, a la vez, planteó la imposibilidad de enviarlo a Estados Unidos por la probabilidad de que lo sentencien a pena de muerte y por la inexistencia de un tratado bilateral de extradición entre ambos países.
De acuerdo a los hechos mencionados, es posible observar que el caso de Edward Snowden, al igual que el caso de Julian Assange que se encuentra refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, ha sido un caso complicado de manejar en el sistema internacional.
El caso Snowden ha sido de difícil manejo debido a que sus revelaciones lo convirtieron en un importante y conocido personaje de la opinión pública global. De manera que lo que suceda con Snowden va a encaminar a numerosos debates por parte de actores de la comunidad internacional.
A la vez, el caso Snowden ha sido de difícil manejo por el debate que plantea en torno a la aparente imposibilidad de conciliar la privacidad individual y la seguridad nacional.
Para cualquier Estado es indispensable manejar información de inteligencia y seguridad privada. Pues la posesión de información secreta asegura que los actores "enemigos” o contradictores no conocen la estrategia de acción del Estado en cuestión y, por consiguiente, que no tienen ventaja. Sin embargo, la divulgación de la información secreta realizada por Snowden, y previamente por Assange, pone en descubierto los alcances que manejan los Estados para conseguir dicha información.   
Tras las revelaciones que se han hecho durante los últimos años, la opinión pública tiene conocimiento de cómo la seguridad nacional extrae información que teóricamente pertenece a la esfera privada de la vida de los ciudadanos.

El caso Snowden sienta un precedente de un debate en torno a la ponderación de la privacidad versus la seguridad nacional y dicha discusión será analizada por la comunidad internacional. Por consiguiente, la necesidad de la secrecía de los archivos de inteligencia deja de ser un lujo para los Estados y se convierte en un foro de discusión internacional.

jueves, 1 de agosto de 2013

Colombia: el fallo de la Haya y la ausencia de una política fronteriza como política de Estado

Colombia: el fallo de la Haya y la ausencia de una política fronteriza como política de Estado
Mucho se discutió sobre San Andrés tras el fallo de la Haya. Miles de colombianos, indignados, pidieron desconocer el fallo proferido por el tribunal internacional. Hubo múltiples quejas por la pérdida de la soberanía colombiana en aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial. Hoy, un poco más de ocho meses después del fallo, se sigue discutiendo sobre la disputa colombiana con Nicaragua, la pretensión de explotación petrolera por parte de Nicaragua en aguas de soberanía colombianas y la probable demanda de Nicaragua en torno a la expansión de su plataforma continental.
Sin embargo, pese a que mucho se discute sobre la crisis internacional, hay pocos pronunciamientos sobre el problema nacional.
Actualmente, San Andrés vive sumergido en dos contextos problemáticos y, aun cuando bien uno de ellas comprende la pérdida de mar, el otro es de carácter interno debido a la carencia de una política de Estado capaz de diagnosticar la situación fronteriza colombiana y las metas que el Estado debe asumir para combatir dicha condición.
Sería absurdo pretender argumentar que el fallo de la Haya no cambió la vida de los habitantes de San Andrés; pues con la pérdida de los 75.000 kilómetros cuadrados de mar el Estado no sólo perdió soberanía, sino también importantes recursos ecológicos y económicos. Para los sanandresanos se perdió el derecho a la pesca en importantes extensiones marítimas y, además, se complicó el derecho de defender la no exploración petrolífera en importantes zonas de reserva marítima. Por consiguiente, el fallo supuso un cambio radical.
Sin embargo, el fallo actúo como un grito mudo ante los oídos del gobierno colombiano, pues muchos de los problemas internos que aquejaban al archipiélago y eran anteriores al juicio, persisten en la vida de los isleños colombianos.
Colombia se ha caracterizado por ser un país con un centralismo mal manejado, pues el concepto de centralismo no debería implicar el descuido regional y fronterizo. Sin embargo, en Colombia, la ausencia de una política fronteriza es una política de Estado.
No es sino preguntarse por qué se dio la pérdida de Panamá en 1903.  No es sino preguntarse en dónde están los lugares de Colombia en donde están los más altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBIs, o preguntarse dónde están los más altos índices de desempleo, falta de oportunidades, falta de acceso a la educación, servicios públicos y juzgados. Porque la respuesta siempre es la misma: las fronteras del territorio colombiano, y San Andrés, como frontera insular, no es la excepción.
Como expuse anteriormente, San Andrés padece de un problema de carácter interno y ese problema se debe al permanente descuido del Estado.
Tras la pérdida de Panamá el Estado colombiano se preocupó por concretar la nacionalización colombiana de los isleños raizales y, por lo tanto, impuso el castellano como prioritario al creole y permitió un mestizaje entre habitantes de la colombiana continental con los raizales, sin la consideración de la preservación cultural de los últimos. Sin embargo, tan pronto fue concretado el “objetivo homogeneizador”, las peticiones de los isleños, ya una raza mestiza, volvieron a ser ignoradas.
Tras la política gubernamental de homogeneización y antes del fallo emitido por la Corte de la Haya, San Andrés sufría de un evidente abandono por parte del Estado. El sistema de salud era insuficiente y había una mala disposición de basuras y residuos hospitalarios. El sistema educativo era deficiente, había falta de tecnología y pocos niños accedían a educación secundaria y aún menos a educación superior. El patrimonio arquitectónico y cultural de las islas estaba deteriorado. Además, por si no fuera poco, gran parte del empleo que se le prometió a los raizales como consecuencia del desarrollo turístico, fue otorgado a colombianos que residían dentro del territorio continental colombiano.
Tras la sentencia de la Haya, la situación no ha mejorado. Las políticas gubernamentales implementadas por Santos luego del conocimiento del fallo consistieron en la protección militar de la frontera insular, en especial a los botes de pesca nacionales; y el otorgamiento de subsidios por concepto de 1.800.000 pesos y por una duración de seis meses, a los pesqueros colombianos.
Jorge Méndez, miembro de la Asamblea Departamental de las islas, criticó fuertemente las políticas del gobierno colombiano. Pues, como bien planteó en un foro sobre la situación de San Andrés en la Universidad del Rosario, es ridículo que las políticas gubernamentales consistan en hechos como el regalar tabletas a los niños sanandresanos cuando la conexión a internet en el departamento insular es insuficiente, sino inexistente.
Aun cuando es cierto que el gobierno de Juan Manuel Santos bosquejó un plan de desarrollo denominado Plan Archipiélago, dicho plan apenas empieza a ser implementado. Y, de acuerdo con la tradición colombiana de la ausencia de una política fronteriza como política de Estado, lo más probable es que el Plan Archipiélago no pasé de ser una política gubernamental. Una política para un “mientras tanto”. Por el contrario, es probable que cada gobierno siga dando subsidios a los habitantes del archipiélago, sin considerar una política integral de desarrollo económico, social, turístico, ambiental e industrial.

En conclusión, Colombia no puede seguir viviendo a través de políticas gubernamentales, de políticas para “mientras tanto”. Colombia necesita empezar a construir una política fronteriza integral para así solucionar los problemas internos que aquejan a las fronteras y, de esa forma, unir y cobijar bajo el centralismo, a todo el territorio colombiano.